En noviembre de
1973, se sancionó en Argentina la Ley 20561, con la cual se fijó el 10 de junio como día oportuno para expresar y
reafirmar el reclamo de soberanía sobre los territorios de las islas Malvinas e
inmediaciones, actualmente dominadas por el gobierno británico. La elección de
esta fecha radica en que el mismo día, pero de 1829, se creó la primera
Comandancia Política y Militar, cuya gobernación se designó a D. Luis Vernet, a
quien, de esta manera, se lo convirtió en el primer gobernador de las islas
Malvinas y adyacencias al Cabo de Hornos.
El 3 de enero de
1833 tropas inglesas desplazaron por la fuerza a los habitantes y a las
instituciones argentinas que funcionaban allí luego de que Argentina culminara
su proceso de independencia y quedara como heredera legítima de los territorios
que antes pertenecían a España. Desde este desplazamiento e invasión inglesa,
sucesivos gobiernos argentinos han pedido, a través de vías diplomáticas y sin
resultados favorables, abrir el diálogo para encontrar una solución a este
conflicto.
Desde este
desplazamiento e invasión inglesa, sucesivos gobiernos argentinos han pedido, a
través de vías diplomáticas y sin resultados favorables, abrir el diálogo para
encontrar una solución a este conflicto.
La Asamblea
General de las Naciones Unidas reconoció el conflicto en 1965 y lo entendió
como un acto de colonialismo que atenta los derechos humanos básicos, pone en
riesgo la seguridad internacional y contradice la Resolución 1514 (1960), la
cual exhorta a los países que aún mantienen colonias a disolverlas.
El reclamo de
Argentina está acompañado por numerosos países latinoamericanos, la ONU y la
Comunidad Internacional.
La Nación Argentina
ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La
recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía,
respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del
Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino.
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